En España se violenta la libertad de educación y se zarandean los derechos de las familias y los padres, una situación agravada desde la entrada en vigor de la LOMLOE contra la que se ha intentado luchar buscando justicia en los tribunales. Recientemente, la Sección Cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó dos sentencias que desestimaban los recursos de CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), contra el Real Decreto que ordena el currículo de la enseñanza en primaria, ESO y bachiller.

Con la asignatura de Religión nos jugamos el ejercicio de diversas libertades públicas. Jesús Muñoz de Priego Abogado y miembro de la Comisión Jurídica Nac. por la Libertad de Educación. Así, la enseñanza en nuestro país se manosea tanto desde la política, con la aprobación de la última ley educativa, vigente en la actualidad, como desde los tribunales, tras las sucesivas sentencias del Supremo que han ido avalando «el adoctrinamiento» y han «menospreciado» la asignatura de Religión en sus sentencias sobre primaria y bachiller, en palabras de José Luis Lafuente, de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación,  que se encargó de la defensa del Arzobispado de Oviedo, logrando hasta la fecha la única victoria legal frente a los decretos autonómicos de desarrollo de la LOMLOE. «Es importante destacar que cuando hablamos de la asignatura de Religión; no estamos hablando de una materia más que pueda estar o no en el currículo. Interese, guste o se elija más o menos, con esta asignatura nos jugamos el ejercicio, la concreción práctica, característica y explícita de diversas libertades públicas como la libertad religiosa o la libertad de enseñanza», recuerda Jesús Muñoz de Priego, abogado que ha defendido a CONCAPA en sus recursos frente a los decretos estatales.

Los recursos interpuestos intentaban lograr la anulación de determinados apartados que hacen que no se contemple una asignatura alternativa a la de Religión para los alumnos que no cursen ésta en primaria, estableciendo una indeterminada enconmienda a los centros educativos para la adopción de las medidas organizativas que estimen oportunas, y para bachillerato, ante la ausencia de una denominada ‘asignatura espejo’ para los alumnos que no la elijan, de forma que éstos tendrán un menor número de horas lectivas que aquellos.

El Supremo avala el adoctrinamiento y menosprecia la asignatura de Religión. José Luis Lafuente Abogado y miembro de la Comisión Jurídica Nac. por la Libertad de Educación. Pero antes de llegar al TS, se hizo un trabajo en los tribunales que entronca con la complicación del propio entramado legislativo-educativo-jurídico: «Se impugnaron estos decretos a nivel nacional, interpuestos por la CONCAPA; principalmente, y a nivel autonómico, según aprobaban las normas de desarrollo las distintas regiones. A partir de ahí, como las aprobaciones autonómicas no coinciden en el tiempo, hemos impugnado según salían los decretos. En Extremadura se impugnó el bachillerato, mientras que en Asturias tuvimos tiempo para hacerlo con infantil, primaria y bachillerato», recuerda Lafuente. «Sorprende que ahora que se ha hablado tanto en campaña electoral de consolidar ‘nuevos’ derechos y libertades, se esté tan dispuesto a prescindir de los que han configurado nuestro marco de convivencia actual», incide Muñoz de Priego. «La libertad religiosa –la primera de las libertades públicas en la historia– y la libertad de enseñanza no están garantizadas de por vida. Muy al contrario, están siendo cuestionadas permanentemente. Más nos valdría como ciudadanos defenderlas. Todos los ciudadanos estamos llamados y aún obligados a ello, tanto si después eligen o no libremente dicha asignatura de Religión», acaba el letrado.

Los decretos incumplen los acuerdos vigentes entre la Santa Sede y el Estado español relativos a la asignatura de Religión, a la que se le niega la existencia de esa ‘asignatura espejo’ –que tradicionalmente venía siendo Educación en valores cívicos y éticos– y que, por tanto, permite el premio a quienes busquen un menor esfuerzo al tener el permiso de cursar un menor número de horas lectivas. José Luis Lafuente recuerda que las sentencias, al «ignorar» los recursos y fundamentarlos tan débilmente, realizan una discriminación de los principios de legalidad (9.3); de libertad ideológica y religiosa (16.1); y del derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones (3).La lucha legal parece desigual, a tenor de lo que comenta este abogado: «Parece que el Supremo ya ha establecido su criterio, y el problema es que la garantía jurídica que tenemos con el actual Tribunal Constitucional es muy limitada. Nosotros tenemos que defender nuestra posición jurídica, pese a que el TS impone unas costas de 4.000 euros mientras que por ejemplo, en Asturias, donde ganamos, el TSJ del Principado no impuso las mismas costas a la Administración porque reconocía que era un tema ‘complicado de resolver’». De esta manera, Religión queda en la mala situación «en la que la ha dejado una LOMLOE que ha atentado contra todos los elementos de libertad educativa y elecciones de los padres. Es intervencionismo puro y duro y es una ley con imposición ideológica», interviene Muñoz de Priego.

No solo el futuro de Religión en los currículos de primaria y bachiller preocupa tanto a la CONCAPA como a diferentes organismos y asociaciones de padres. El otro punto en cuestión por el que los decretos acabaron ante el Supremo es el «adoctrinamiento» del que hace gala la LOMLOE y las «numerosas referencias» –recuerda Lafuente– «al género, la igualdad de género y la perspectiva de género», dice. En concreto, en dicha norma hay más de 60. ​«La respuesta del TS fue que se trata de una cuestión que la sociedad entiende que se produce, que está reconocida en textos internacionales como la ONU, cosa que nosotros no discutimos, pero sí sobre la imposición ideológica sobre el alumnado y los profesores», reclama Lafuente. ​«Las sentencias toleran el adoctrinamiento ideológico de los niños de acuerdo con las tendencias del Ejecutivo que toque en el poder, con o sin el consentimiento de los padres».

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