Integrada por varios despachos de abogados de España —desde Asturias hasta Andalucía, pasando por Madrid o Baleares—, que llevan años defendiendo ante los Tribunales la Libertad de Educación, se han unido para crear una Comisión Jurídica de ámbito nacional por la libertad de educación, como respuesta a ley Celaá.

Cuando la ley Celaá estaba en fase de proyecto, decidieron constituirse para «poder hacer frente común a la hora de interponer acciones judiciales».

Este grupo de abogados y juristas de dilatada trayectoria defiende que «la Libertad de Educación es de los padres, el Derecho a la Educación es de los niños, y la obligación de garantizarlos, del Estado. No existe ni la Libertad ni el Derecho a la Educación por el Estado».

El objetivo de la comisión es, según precisan en un comunicado, «coordinar el conjunto de las acciones legales que se van a plantear a partir de ahora a nivel autonómico y nacional, a fin de exigir el escrupuloso cumplimiento de la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales, así como la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo».

La Comisión Jurídica Nacional nace «en defensa del modelo educativo que recoge el artículo 27 de la Constitución española, en el que la Libertad de Educación es nuclear».

Además, precisan que «no escatimará esfuerzos ni recursos en acudir y recurrir ante las instancias que correspondan y ante tribunales de cualquier orden, ya sean nacionales, europeos o internacionales, para exigir el respeto al derecho fundamental a la Libertad de Educación».

Con la constitución de esta comisión se pretende que «los padres puedan elegir libre y voluntariamente la educación de sus hijos conforme a sus convicciones éticas o religiosas y rechaza frontalmente la imposición estatal de materias y principios con sesgo ideológico», en definitiva, «una auténtica Educación por Derecho».

Tal y como explican los promotores de esta iniciativa, la Comisión Jurídica tiene una vocación eminentemente práctica y ha surgido tras años de acciones legales en tribunales nacionales e internacionales de diferentes órdenes defendiendo la Libertad de Educación.

Francisco La Moneda, director de la Comisión, subraya que la ley Celaá «vulnera preceptos concretos de la declaración universal de derechos humanos, de la declaración universal de los derechos del niño; del pacto de derechos civiles y políticos, el convenio de derechos humanos y el pacto de derechos fundamentales de la unión europea. Y por supuesto, el artículo 27 de la Constitución».

El Estado, concluye Francisco La Moneda, «se quiere atribuir la facultad de educar en valores, o de adoctrinar en ciertos principios o ideologías, a nuestros hijos, pero ese derecho no existe. El Estado no tiene derecho ninguno en este sentido».

La Comisión cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal Española, de la Fundación Cultural CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas.

Fuente

soto de la marina