La polémica LOMLOE, también llamada, La ley Celaá está vigente en España desde el 19 de enero. Una ley contraria a la constitución, que viola la carta de derechos y libertades fundamentales de la Unión Europea y el acuerdo educativo con la Sente Sede, firmado en 1979.

Los detractores de la LOMLOE ya están trabajando para tumbarla legalmente y llevarán al terreno judicial los hechos que vulneren los derechos educativos nacionales. En este sentido nace la Comisión Nacional Jurídica por la Libertad de Educación, formada por prestigiosos juristas y abogados de toda España especializados en legislación para la defensa de la “libertad de educación”. Cuenta con el respaldo de la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, La Cultural Ángel Herrera Oria, la Comisión Educatio Servanda, las plataformas Más plurales y Yo Libre, e incluso el apoyo de la Conferencia Episcopal. La Comisión se erige de forma altruista para amparar mediante las acciones legales necesarias a los distintos grupos afectados; profesionales del sector, alumnos, asociaciones de padres, confederaciones educativas y todo aquel afectado por la Ley Celaá.

La Comisión Nacional Jurídica por la Libertad de Educación, después de haber ofrecido un “argumentario jurídico” para la posible presentación de enmiendas de partidos políticos durante el debate de la ley, tiene abiertos varios frentes. Por un lado, está a disposición de los cincuenta diputados y gobiernos autonómicos que lo deseen para establecer el recurso de inconstitucionalidad de la LOMLOE. Y junto con Más Plurales, la denuncia contra el Estado español ante la Comisión Europea por la vulneración de derechos fundamentales y de libertades que supone la LOMLOE en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como es, la vulneración del artículo 14.3 que establece el “derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas”.

Como indica Francisco La Moneda, uno de los responsables de La Comisión y fundador del prestigioso bufete La Moneda Abogados, el mayor reto irá estableciéndose a medida que la ley se vaya desarrollando, ya que la batalla judicial promete ser amplia ante la cantidad de actuaciones que habrá que defender. El derecho de los progenitores a la libertad de elección de centro, ya sea mediante una educación mixta o diferenciada, favoreciendo que el castellano siga siendo la lengua vehicular o con la impartición de la clase de religión católica dentro del temario escolar. Características que están recogidas por las leyes nacionales y que los tribunales avalan en sus instancias más altas.

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infolibre