Pese a la entra en vigor de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá, en el ámbito educativo hace ya un mes, organizaciones de padres, entidades de la enseñanza concertada y abogados expertos en derecho educativo mantienen su lucha por frenar dicha normativa.

Ahora Europa es el frente abierto y sus instituciones europeas para intentar frenar esta reforma que según estos colectivos atenta contra la libertad de los padres a nivel de elección de centro y modelo educativo.

Parlamento Europeo, Comisión Europea y Defensor del Pueblo están recibiendo sendas denuncias de estos colectivos de forma escalonada ante lo que consideran que es una vulneración de derechos fundamentales.

En este sentido, el Movimiento Más Plurales, que aglutina a la enseñanza concertada y padres de alumnos, presentó el pasado 3 de febrero una denuncia ante la Comisión Europea señalando que reforma educativa llevada a cabo por la LOMLOE pone en grave riesgo de vulneración Derechos Fundamentales y Libertades reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Hace unos días en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, esta semana tocará a la Comisión Europea. Un grupo de juristas expertos en derecho educativo englobados en la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación han puesto en marcha una ofensiva en las instituciones europeas ante la aprobación de la LOMLOE.

Más Plurales expuso a la Comisión Europea, antes lo hizo ante el Parlamento Europeo, las razones por las que considera que la LOMLOE vulnera y conculca dichos derechos fundamentales.

Entre sus argumentos señalan que se vulnera la libertad de enseñanza establecida en el artículo 27 de la Constitución Española al convertir a la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública.

También afecta a la libertad de creación de centros al limitar la posibilidad de apertura de nuevos centros con ideario propio y con ello el pluralismo en el sistema educativo (artículos 14.3 y 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales).

Otro derecho que se conculca es el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos conforme a sus convicciones que se ve limitado al eliminarse el concepto de “demanda social” como criterio a tener en cuenta en la programación de la oferta de plazas escolares sostenidas con fondos públicos.

A partir de ahora, dicha programación será decidida por la administración pública sin tener en cuenta la voluntad de las familias (artículos  14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales).

Jesús Muñoz de Priego, portavoz del movimiento Más Plurales, ya había presentado una petición de amparo el 26 de noviembre al Parlamento Europeo, también lo hizo la Asociación Europea de Padres, que interpuso una queja ante la Comisión Europea. «Lo principal es que el Gobierno de España vulnera derechos fundamentales con la LOMLOE».

Este jurista recuerda que “la LOMLOE se ha aprobado sin que intervenga la comunidad educativa en su tramitación, contraviene las recomendaciones que hizo la UE a España en su informe Monitor 2020 sobre la educación, donde se decía que se requería que se invirtiese el tiempo necesario en la construcción de un consenso político y social, amplio y duradero”.

Desde su punto de vista “la LOMLOE es una modificación encubierta del artículo 27 de la Constitución Española. La regulación de la programación unilateral dando prioridad a la escuela pública frente a la concertada, supone eliminar la demanda social existente”.

Al mismo tiempo considera que “la propia LOMLOE supone un ataque directo al artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales donde se reconoce la libertad de creación de centros y el derecho de los padres a garantizar la enseñanza y la educación de sus hijos conforme de sus convicciones religiosas, pedagógicas y filosóficas”.

La nueva normativa educativa española “también vulnera el artículo 49 y siguientes del Tratado de Establecimiento de la UE en cuanto a la libertad de establecimiento al poner trabas para entidades educativas de otros estados que quieran establecerse en nuestro país”.

Sobre el desenlace de esta reclamación “la Comisión puede emitir un dictamen y si el Gobierno no lo aceptase podría también acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las entidades participantes de Más Plurales han pedido que se consideran como interesados para comparecer en la tramitación de esta denuncia”.

Juristas y su frente común frente a la LOMLOE

Al mismo tiempo, desde este grupo de abogados expertos en derecho educativo, que han puesto en marcha la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad Educativa, se muestra el malestar por la tramitación de la LOMLOE.

La denuncia que se interpondrá esta semana ante la Comisión Europea pretende advertir el déficit democrático de las instituciones españolas “al tratar una ley este calado que regula la educación de 8 millones de niños y los derechos de 16 millones de padres. Todo se ha hecho sin consultar a nadie”.

Este jurista recuerda que el pasado 11 de marzo se cerraron todos los centros escolares “el 13 de marzo se aprueba como proyecto de ley en Consejo de Ministros. Llega al Congreso el 14 de marzo y se da quince días para presentar enmiendas. Mientras tanto la pandemia hacia estragos en la sociedad en pleno estado de alarma y estaban suspendidos los derechos de reunión y manifestación”.

La tramitación de la norma “la aprueba cuarenta diputados. Luego pasa al Senado y en una cámara y en otra se impidió que se oyeran a los sectores afectados: asociaciones de padre, pedagogos. En ambas cámaras se rechazan todas las enmiendas. Se aprueba el día antes de Nochebuena en el Senado y se publica en el BOE el día antes de Nochevieja. Siempre con el estado de alarma”.

Por todo esto “hemos presentado una denuncia ante la Comisión Europea ante dicha tramitación realizada donde nuestras instituciones no han estado a la altura de lo que se les exige en una sociedad democrática como la nuestra. También pondremos otra en el Defensor del Pueblo Europeo”, advierte.

“En particular, también denunciamos que se vulnera la libertad de los padres a que sus hijos puedan recibir una educación conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”, indica el abogado Francisco La Moneda, uno de sus integrantes.

Este jurista recoge el sentir de estos expertos quienes muestran su sorpresa ante la tramitación de la norma durante el periodo de alarma, «no se ha escuchado a nadie».

Para este colectivo, La LOMLOE violenta los más elementales principios de libertad y de igualdad de derechos entre familias y alumnos.

En concreto, este experto aclara que la Comisión hizo hincapié en seis aspectos básicos que vulneran la normativa comunitaria o nacional.

Así, señala, la vulneración de la libertad educativa y religiosa, al no relacionarse la asignatura de religión de entre las materias a impartir, lo que puede dar lugar a su directa supresión, o a su minusvaloración, al perder la exigencia de equiparabilidad y evaluación de la asignatura.

Otro elemento que cuestionan es “la inclusión de asignaturas de carácter ideológico que podrían violentar las creencias de padres y alumnos, alejándose de valores comunes y al margen de aquellos que encuentran acogida en la Constitución Española y textos comunitarios”.

Estos juristas advierten también de “la abierta discriminación de la escuela concertada, al incluir un pseudoderecho a la educación pública que hace de la concertada un sistema educativo subsidiario, y que, al eliminar concepto de demanda social pretende su paulatina asfixia, quebrantando la libertad de creación de centros de enseñanza y la libertad educativa».

Como cuarto criterio contra la LOMLOE destacan “La persecución del modelo de educación diferenciada, violentando el ideario de los centros y la libertad de elección del modelo pedagógico o educativo que los padres entiendan más adecuado para el desarrollo de la personalidad de sus hijos en libertad”.

La Moneda también explica a Confilegal que la LOMLOE, “pretende la progresiva desaparición de la educación especial frente al criterio de una amplia mayoría de padres, quienes ven cómo sus hijos no van a poder optar libremente por un sistema pedagógico adecuado a sus circunstancias”.

Por último este grupo de juristas denuncia que dicha reforma educativa ya en vigor supone “la desprotección del español o castellano en las aulas, al quedar la utilización de la lengua oficial del Estado al albur de arbitrarias decisiones administrativas o políticas, desconociéndose el deber de todos los españoles a conocerla y su derecho a usarla”

Petición de amparo en el Parlamento Europeo

Hace unos días este colectivo de juristas presentaba ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una petición en la que se solicita el amparo de las instituciones comunitarias frente a la violación de derechos fundamentales y los ataques a la libertad de educación provocados por la recientemente aprobada Ley Celaá.

Este grupo de expertos en derecho educativo denunciaba el apresurado modo de aprobación de la LOMLOE, tramitada bajo situación de pandemia, y con el rechazo del gobierno y afines, a que los agentes educativos intervinieran en la tramitación de la proposición de ley.

Dicha entidad, en su escrito ante el Parlamento Europeo, registrado por esta cámara el pasado 28 de enero, denunció, entre otros, la violación de los artículos 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 27 de la Constitución Española, que protegen la libertad de educación y de enseñanza.

Para este colectivo de juristas españoles conocedores del derecho a la educación está clara “la deriva liberticida que ha tomado la legislación educativa en España”.

“En este sentido, la Comisión Jurídica trabaja para que la vulneración de Derechos Fundamentales reciba la oportuna respuesta política desde el Parlamento Europeo y se abran vías de intervención para que las instituciones comunitarias protejan jurídicamente los derechos esenciales de tantas familias que han sido vulnerados», comenta La Moneda.

fuente

Confilegal