La Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación se reunió en el Congreso de los Diputados con varios grupos parlamentarios ofreciéndose a colaborar en cuantas acciones judiciales y de cualquier otra índole fuesen necesarias, en defensa de la Libertad de Educación.

En las reuniones mantenidas con el grupo parlamentario Vox y el grupo popular, grupos políticos que poseen legitimación procesal para recurrir al Tribunal Constitucional la Ley Celaá, la Comisión Jurídica Nacional trasladó su honda preocupación —al igual que otras agrupaciones de la sociedad civil— por los evidentes efectos perjudiciales que ocasionará la citada ley no sólo en el sistema educativo, sino en el conjunto de la sociedad española.

A este respecto, la Comisión Jurídica, como ha venido sosteniendo a lo largo de los últimos meses, señaló numerosos aspectos de la norma que pudieran resultar abiertamente inconstitucionales.

En particular, denunció la situación en la que queda la asignatura de Religión y el contenido ideológico sectario introducido sin consenso en una ley que debe reunir la aquiescencia de padres, alumnos y agentes del mundo educativo.

En el encuentro mantenido con las parlamentarias del Grupo Vox Georgina Trías, Portavoz en la Comisión de Educación, y Macarena Olona, Secretaria General del Grupo Parlamentario, también se trataron materias relevantes que configuran la libertad educativa: educación concertada, educación diferenciada y educación especial. El Grupo Parlamentario manifestó su intención de recurrir al Tribunal Constitucional la citada LOMLOE y mostró su apoyo a la Comisión Jurídica Nacional para defender la Libertad de Educación. Posteriormente, en el encuentro mantenido con la diputada del grupo popular Isabel Borrego, Secretaria Segunda de la Comisión Constitucional del Congreso, la Comisión transmitió su total rechazo a la norma y conversaron acerca de eventuales estrategias jurídicas para defender la libertad educativa. En este sentido, la Comisión Jurídica Nacional ha venido defendiendo que, la Libertad de Educación debe aunar a los grupos sociales y políticos ante los evidentes retrocesos en materia de libertades que generará la nueva ley de educación.

COMUNICADO