La Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación denunció ante la Comisión Europea la reciente ley educativa conocida como “Ley Celaá”. El Parlamento español aprobó la citada norma bajo unas formas más que cuestionables, inmersos en un extraordinariamente resctrictivo estado de alarma decretado por la pandemia, que ha servido para imponer una ley educativa sin consenso alguno y mediante la cual se vulneran los derechos fundamentales de millones de alumnos y padres de nuestro país.

El grave déficit democrático e institucional ocasionado por la norma se ha visto especialmente reflejado en su tramitación. La LOMLOE fue tramitada de forma acelerada y anómala, aprovechando la situación de crisis epidemiológica y la restricción de la actividad de los grupos parlamentarios, y suprimiéndose el diálogo con los agentes sociales. Se imponía de esta forma un modelo ideológico-educativo carente de respaldo social y legal. El proyecto de ley se aprobó por el Consejo de Ministros el 13 de marzo de 2020, al día se declaró el Estado de Alarma en todo el territorio nacional, confinando a los ciudadanos en sus domicilios. Durante la fase de tramitación, en virtud del Real Decreto 463/2020, quedaron suspendidos derechos fundamentales y libertades públicas, como la libre circulación, o los derechos de reunión y manifestación. Asimismo, quedaron suspendidos los plazos procesales y administrativos, mientras sí corrían los plazos parlamentarios para la presentación enmiendas al Proyecto de Ley. Durante este periodo, la ciudadanía estuvo centrada en lo urgente, salvar vidas y evitar el aumento de los contagios por COVID. No era el contexto político ni social, adecuado para la tramitación de un Proyecto de ley de tan importante calado.

Finalmente, la LOMLOE fue aprobada en la víspera de Navidad y promulgada la víspera de fin de año, fechas que bien parecen haber querido ocultar la trascendencia del acto legislativo. Una ley que además, durante su tramitación introdujo nuevas medidas por los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno y que incidieron en el sectarismo de la norma, mientras que, por otro lado, se rechazaban las enmiendas de la oposición parlamentaria. Una ley que, no hay que olvidar, se aprobó en medio de un nuevo estado de alarma.

La LOMLOE aspira a una futura escuela pública única e introduce materias de contenido claramente ideológico, vulnerando flagrantemente los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, en concreto, su artículo 27. También, en opinión de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, conculca abiertamente el artículo 14.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Y sobre todo, la señalada norma, adolece de los requeridos estándares democráticos y de Derecho propios de la Unión Europea, violentando el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo ya inició las oportunas investigaciones y ahora, la Comisión Europea ha recibido la denuncia de nuestra entidad a fin de que inicie el expediente oportuno y emplee los mecanismos jurídicos y políticos correspondientes al objeto de reestablecer el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de la ciudadanía española y europea.