La Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación denunció en la Unión Europea el grave déficit democrático y la vulneración de derechos fundamentales ocasionado por la LOMLOE.

· La Comisión Europea decidió no seguir adelante con este asunto y dar por concluido el expediente por no tener competencias comunitarias.

La Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, iniciativa de la ACdP que reúne a un grupo de profesionales del Derecho en defensa de la libertad de educación, meses atrás, denunció la LOMLOE ante la Comisión Europea por vulneración del Derecho de la Unión. La Comisión Jurídica Nacional, requirió a la Comisión Europea que iniciara los trámites oportunos para que incoara expediente de infracción por violación de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho. Desde la Comisión Jurídica Nacional se denunció que la nueva Ley impone un modelo ideológico-educativo carente de respaldo social y legal que impide el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos; modifica el estatus de la asignatura de religión en los planes de estudios en contra de la voluntad de los ciudadanos y que incumple los Acuerdos con la Santa Sede; introduce cambios injustificables en el sistema de las escuelas privadas y de educación diferenciada financiadas con fondos públicos; y erosiona las garantías existentes hasta ahora para proteger el español como lengua vehicular. A este respecto, la norma infringe el artículo 14, apartados 1 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las Recomendaciones del Consejo de la UE a España, el artículo 27 de la Constitución Española, así como diversos tratados internacionales.

Además, la Ley Celaá podría incluso vulnerar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, por las restricciones impuestas a las escuelas privadas y de educación diferenciada, y por la introducción de materias y conceptos ideológicos que afectan al ideario de los centros. Todo ello, en opinión de la Comisión Jurídica Nacional, violentaría gravemente el artículo 2, en garantía del Estado de Derecho, que consagra el Tratado de la Unión Europea.

A pesar de los esfuerzos por dar a conocer ante la Unión Europea el grave daño a la educación y a la libertad causados por el gobierno socialista y sus socios, la Comisión Europea ha entendido que “estas cuestiones son competencia de los Estados miembros y, por lo tanto, deben abordarse a nivel nacional”, por lo que no entrará a conocer del fondo del asunto. La Comisión Europea se mantiene al margen del daño causado a millones de ciudadanos europeos que ven amenazadas su libertad y sus creencias, lo que ciertamente resulta desconcertante. Y lo es porque la Comisión Europea, en cambio, sí ha intervenido frente a otros países sustentando motivaciones ideológicas más que discutibles, carentes de respaldo legal, y en esta ocasión ha optado por cerrar los ojos ante la realidad española, lo que denota una postura ideológica, bajo extraños equilibrios políticos que sobrepasan el Derecho de la UE.

Desde la Comisión Jurídica Nacional se seguirá trabajando para que tenga éxito la Petición presentada ante el Parlamento Europeo y se explorarán nuevas vías en defensa de la libertad de educación, ante la amenaza para todos que supone la Ley Celaá.